- Nani, Giovanni (Author)
- 186 Pages - 10/03/2017 (Publication Date) - Createspace Independent Publishing Platform (Publisher)
Masonería
#país #los #sindicalistas #asesinados
Por Juan Alejandro Echeverri – Periferia*
Brasil, Bangladesh, Egipto, Honduras, India, Kazajstán, Filipinas, Turquía, Zimbabue, y Colombia son clasificados por la Confederación Sindical Internacional (CSI) como los peores diez países del mundo para los trabajadores y las trabajadoras.
Entre 2019 y el primer semestre de 2020, la CSI contabilizó cuatro intentos de homicidio contra sindicalistas, una desaparición forzada, 198 amenazas de muerte, y 14 líderes sindicales asesinados en nuestro país. El asesinato y la violencia antisindical son un mal del país. A Alcides de Jesús Cotes Jurado, miembro de la Comisión de Quejas y Reclamos del Sindicato de Trabajadores de Transportes de Valores (Sintravalores), lo asesinaron el 14 de abril de 2016 cuando iba a abastecer un cajero automático de Bancolombia en Santa Marta; Alcides sufrió acoso y amenazas por parte de su jefe, el director de la sucursal de la Compañía Transportadora de Valores Prosegur le había dicho que debía “cuidarse en la calle” si no renunciaba al sindicato. A Hernán Ayala Melo, quien trabajó durante 19 años en el Inpec y era jefe de la Policía Judicial de la cárcel de Cúcuta, lo asesinaron el 23 de octubre de 2018; Hernán era reconocido por su activismo sindical, había descubierto procedimientos irregulares en la cárcel y había denunciado amenazas de muerte en su contra. A Óver Enrique Fuentes Villalba, presidente de la subdirectiva de Apartadó del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria (Sinatra), lo atacaron cuatro veces entre 2016 y 2017, el 23 de febrero de 2016 atacaron su casa y debajo de la puerta le dejaron dos balas y un panfleto en el que le ordenaban abandonar el municipio y el Urabá antioqueño.
Los conflictos armados duelen. Rompen sociedades, crean traumas colectivos que cuesta generaciones reparar. Los conflictos no son monocromáticos y las víctimas son diversas y, a veces, duele mirar a las que no son «las tuyas».
El sindicalismo ha sido uno de los colectivos más victimizados y con mayor cantidad de cicatrices causadas por el conflicto armado interno colombiano. Hasta el cansancio las víctimas han dicho que sin verdad no hay justicia, y que sin justicia no hay paz. Nunca antes, según el comisionado de la verdad Carlos Beristain, una comisión de la verdad en el mundo había recibido memorias recopiladas por el movimiento sindical. El 19 de agosto el sindicalismo le compartió a la Comisión de la Verdad su versión y su interpretación de los hechos. La Escuela Nacional Sindical, centrales sindicales, y otras organizaciones sindicales de base hicieron entrega formal de 13 informes para que algún día Colombia reconozca al sindicalismo como sujeto colectivo de reparación y sujeto clave en la construcción de la paz y la democracia.
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La Comisión Colombiana de Juristas y la Escuela Nacional Sindical definen la violencia antisindical –violencia que es de naturaleza política– “como el conjunto de los actos que buscan, a partir de la elección de las víctimas, someter, reducir, asimilar y cooptar el sujeto y la acción sindical a partir de la destrucción violenta, el daño emocional o el exterminio físico”.
Desde principios del siglo XIX, empleadores y gobernantes han engendrado un relato y un armazón jurídico que desacredita, sataniza, estigmatiza, rechaza, y sugiere que el trabajador sindicalizado, y por ende los sindicatos, son potenciales agentes desestabilizadores que deben ser corregidos y condenados.
La violencia contra el sindicalismo muta y se adapta con el pasar de los años, también el lenguaje y los imaginarios que son combustible de esa violencia. En la década del cincuenta, por ejemplo, los profesores afiliados a la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) eran tildados de “liberales” “alborotadores”, “masones” y “comunistas”, palabras que treinta años después serian reemplazadas por términos como “marxista leninista”, “revolucionario” y “guerrillero”. Un líder sindical de ADIDA cuenta en el informe de la ENS que: “Los maestros conservadores trabajaban en las escuelitas que había aquí en el centro de Medellín y los que eran liberales eran sinónimo de masón, comunista y revoltoso; se iban para la escuela de Niquitao, que era muy lejos del centro en esa época. Yo entrevisté a un director conservador y me dijo que él no recibía sino maestros liberales en esa época para colaborarles porque los iban a echar, pero que le tenían que dar un peso para la cuota del partido conservador […] Y hubo municipios castigo, por ejemplo, los municipios de Urabá y Puerto Berrio, donde el maestro llegaba y la primera semana no compraba toldillo, paludismo fijo”.
En la década del sesenta, y especialmente a inicios de los 70´s, surgieron numerosas organizaciones sindicales en sectores como la agroindustria, la salud, la educación, entre otros. Patronos y gamonales políticos regionales respondieron a tal auge con mecanismos de presión como los procesos disciplinarios, suspensiones, despidos, detenciones arbitrarias, infiltración y militarización de las movilizaciones y las huelgas. El clima se hizo mucho más hostil a finales de los 70’s con la emergencia del “enemigo común” y el “enemigo interno”, una doctrina de seguridad que atizó las manifestaciones de violencia física, allanamientos, y amenazas contra los movimientos sociales y sindicales involucrados en protestas y movilizaciones. Julio Cesar Turbay, quien fungió como presidente de 1978 a 1982, sentó las bases de la retórica y la práctica belicista gubernamental al comparar la movilización social y el sindicalismo con palabras y frases como “terroristas”, “subversivos”, “tribu salvaje”, “crimen”, “anarquía”, “revolución social”, “derrumbe del Estado de derecho”.
En 1990, el presidente Cesar Gaviria ordenó a las centrales obreras suspender el paro programado para noviembre de aquel año, y amenazó con suspender la personería jurídica de los sindicatos que apoyaran el paro y con enviar a la cárcel a sus promotores. Además, su gobierno autorizó que los empresarios despidieran a los empleados que participaran en las movilizaciones y prohibió a los medios de comunicación transmitir información sobre el paro; medios que se dedicaron difundir y reforzar los imaginarios negativos sobre las actividades sindicales y las protestas ciudadanas.
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Las memorias de la ENS y los demás sindicatos demuestran que los apoderados del Estado son los principales responsables de la violencia sindical que vivió y vive el país. Desde el 1 de enero de 1973 hasta el 31 de diciembre de 2018, se registraron, según la ENS, 14.992 violaciones a la vida, la libertad y la integridad física de los sindicalistas, 3.240 de esas agresiones fueron homicidios que victimizaron a más de 480 sindicatos.
Violaciones a la vida, libertad e integridad física de los sindicalistas entre 1971 y 2018, según tipo de violencia.
| Tipo de violencia | Mujeres | Hombres | Total general |
| Amenazas | 1.878 | 5.439 | 7.317 |
| Homicidios | 335 | 2.905 | 3.240 |
| Desplazamiento forzado | 879 | 1.072 | 1.951 |
| Detención arbitraria | 58 | 710 | 768 |
| Hostigamiento | 105 | 577 | 682 |
| Atentado con o sin lesiones | 47 | 364 | 411 |
| Desaparición forzada | 17 | 233 | 250 |
| Secuestro | 23 | 166 | 189 |
| Tortura | 8 | 101 | 109 |
| Allanamiento ilegal | 15 | 57 | 72 |
| Homicidio de familiar | 1 | 2 | 3 |
| Total general | 3.366 | 11.626 | 14.992 |
Fuente: Sistema de Información de Derechos Humanos, Sinderh, ENS.
El homicidio de sindicalistas arreció a partir de 1979. El informe de la ENS plantea que entre 1979 y 1984 se registraron de 2 a 7 asesinatos cada año. La cifra de asesinatos aumentó de manera sostenida con el pasar de los años, hasta llegar a un primer pico de 138 homicidios en 1988. Este primer periodo se caracterizó por los asesinatos selectivos a gran escala, al tiempo que paramilitares, Ejército y guerrillas se disputaban la hegemonía en territorios como el Magdalena Medio, el Urabá antioqueño, entre otras regiones.
Casi diez años después, entre 1996 y 1997, se vuelve a presentar un pico de casi 300 homicidios, el cual coincide con un aumento exponencial de las amenazas y con la consolidación de las Autodefensas Unidas de Colombia, el proyecto armado del paramilitarismo que tuvo un alcance nacional. A partir del 98, los asesinatos mermaron significativamente, y en el 2002 vuelve a presentarse un repunte de este tipo de violencia letal. El informe permite identificar como en los distintos momentos en que mermaron los homicidios, incrementaron las amenazas y el desplazamiento forzado. A partir del quinquenio 2008-2012, a excepción del hostigamiento que experimentó su máximo pico en el 2014, las demás formas de violencia mermaron. Aunque la tendencia es decreciente, si se compara con el total histórico, la base de datos de la ENS muestra cómo la violencia letal se incrementó entre el 2014 y el 2018.
Sindicatos más victimizados en Colombia, 1971-2018.
| Sindicato | Mujeres | Hombres | Total |
| Fecode | 2.624 | 3.568 | 6.192 |
| Sintrainagro | 43 | 984 | 1.027 |
| USO | 8 | 775 | 783 |
| CUT | 45 | 479 | 524 |
| Fensuagro | 103 | 737 | 840 |
| Anthoc | 136 | 301 | 437 |
| Sinaltrainal | 16 | 384 | 400 |
| Sintraunicol | 28 | 246 | 274 |
Fuente: Ibidem
Violaciones a la vida, libertad e integridad física cometidas contra sindicalistas en Colombia, según departamento, 1971-2018.
| Departamento | Mujeres | Hombres | Total general |
| Antioquia | 1.340 | 3.361 | 4.701 |
| Valle | 393 | 1.505 | 1.898 |
| Santander | 128 | 1.248 | 1.376 |
| Cesar | 318 | 689 | 1.007 |
| Bogotá D.E. | 117 | 659 | 776 |
| Cauca | 112 | 589 | 701 |
| Arauca | 156 | 304 | 460 |
| Bolívar | 32 | 407 | 439 |
| Atlántico | 46 | 375 | 421 |
| Caldas | 172 | 243 | 415 |
| Tolima | 56 | 257 | 313 |
| Risaralda | 104 | 203 | 307 |
| Norte de Santander | 53 | 197 | 250 |
| Magdalena | 52 | 194 | 246 |
Fuente: Ibidem
Con respecto al lugar dónde se registraron los hechos victimizantes, Antioquia, Valle del Cauca y Santander encabezan la lista de departamentos más peligroso para los sindicalistas colombianos. En 1986 los asesinatos se concentraban en siete departamentos, Antioquia aportaba el 80% del total nacional. En 2010 la violencia antisindical se había extendido a 30 departamentos. Del análisis territorial, la ENS detecta una “dinámica de violencia antisindical dramática y heterogénea en (…) los territorios donde tradicionalmente se ha concentrado el crecimiento económico del país”, mientras que los homicidios cometidos entre el 2016 y el 2018 se concentraron en los departamentos del suroccidente: Cauca (27), Nariño (6), Putumayo (5) y Valle del Cauca (4).
Violaciones a la vida, libertad e integridad física cometidas contra sindicalistas en Colombia, según sector económico.
| Sectores económicos | Total General |
| Educación | 6.768 |
| Agricultura, caza y pesca | 2.344 |
| Minas y canteras | 1.182 |
| Otros servicios comunales y personales | 993 |
| Industria manufacturera | 938 |
| Empresas y entes territoriales, municipales y oficiales | 708 |
| Salud | 603 |
| Electricidad, gas y agua | 566 |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 380 |
| Construcción | 156 |
| Judicial | 141 |
| Financiero | 103 |
| Comercio | 98 |
| Actividad económica no especificada | 12 |
| Total general | 14.992 |
Fuente: Ibidem.
En la Colombia rural los hechos demuestran que la violencia antisindical pretendía erradicar reivindicaciones relacionadas con la democratización de la tierra, la economía rural, y la oposición a la implementación de megaproyectos de corte extractivo y a lógicas agroindustriales que, además de concentrar tierra, alteran los ritmos de trabajo “marcados por los ciclos de la naturaleza”.
En los contextos urbanos los hechos violentos están vinculados a conflictos laborales motivados por las precarias condiciones de trabajo y las estrategias de sub-contratación con las que se pretenden ahorrar costos de producción, es decir que “las acciones de los grupos armados han perseguido intereses de disolución o reducción del conflicto en provecho de terceros”. También hay evidencia de que muchos trabajadores han pagado con la vida el hecho de denunciar malos manejos presupuestales u oponerse a la privatización y reestructuración de entidades públicas.
Una de las personas que compartió su testimonio para el informe recordó que todas las subdirectivas antioqueñas del Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los Municipios (Sintraofan) fueron atacadas, “pero la región del suroeste sufrió más daños en términos de amenazas y renuncias colectivas. De 10 seccionales que existían en esta región, llegaron a quedar 3 (Urrao, Venecia y Andes). […] En el año 1999, los trabajadores de la subdirectiva Concordia fueron obligados a renunciar. Asimismo, los trabajadores de la seccional Betania; allí los trabajadores hicieron caso omiso a la amenaza, después fueron citados algunos integrantes de la Junta Directiva, solamente asistieron tres, los cuales fueron asesinados. Tras los hechos, el presidente se desplazó a Medellín a pedir protección a los organismos estatales, quienes le dijeron que podía regresar y cuando iba de regreso lo bajaron del carro y lo asesinaron”.
El informe también sugiere que la violencia en las zonas rurales es mucho más sangrienta y se expresa a través de la tortura, las decapitaciones y los descuartizamientos, mientras que en lo urbano “suelen tener métodos más directos de exterminio o intimidación”.
A pesar de la literatura que existe al respecto, en el país perviven silencios sistemáticos y vacíos de verdad respecto a la violencia contra el sindicalismo, según la ENS, en el 65% de los casos aún no se ha identificado al responsable. Ahora es responsabilidad de la Comisión de la Verdad esclarecer y revelarle al país quiénes son los responsables, quiénes auspiciaron y se beneficiaron de la sistemática violencia y la cultura antisindical.
El Sistema de Información de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical (Sinderh) es un insumo de consulta obligada para lograr el propósito mencionado. Según el Sinderh, los grupos paramilitares son el actor armado con mayor cantidad de acciones perpetradas contra el movimiento sindical colombiano.
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La forma de violencia más utilizada por los paramilitares fue la amenaza y el desplazamiento forzado. En la década del noventa, el paramilitarismo logró infiltrarse y cooptar cargos públicos e instituciones estatales. Así sucedió en el departamento del Atlántico, los gerentes de varios hospitales, que en realidad eran alfiles del paramilitarismo, promovieron procesos de reestructuración y malversaron dineros públicos. Varias víctimas del paramilitarismo son precisamente aquellos sindicalistas que denunciaron y se opusieron a la cooptación de los servicios públicos.
Violaciones a la vida, libertad e integridad física cometida contra los sindicalistas, según presunto responsable.
| Presunto responsable | Total general |
| No identificado | 9.313 |
| Paramilitares | 3.862 |
| Organismo estatal | |
| Policía | 487 |
| Guerrilla | 466 |
| Ejército | 449 |
| Otro organismo estatal | 111 |
| Delincuencia común | 110 |
| Empleador | 104 |
| CTI | 41 |
| DAS | 33 |
| Armada | 7 |
| Gaula | 6 |
| Organismos de Seguridad Privada | 3 |
| Total general | 14.992 |
Después de los paramilitares, el Estado, a través de sus organismos y tropas de seguridad, es el segundo mayor victimario del sindicalismo. El testimonio que deja al descubierto los vínculos entre Estado y grupos paramilitares, fue el de Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias “Don Antonio”, quien en 2007 reveló “un plan de exterminio a líderes sindicales orquestado por algunos altos funcionarios del DAS y paramilitares”. Por su parte, Rafael Enrique García, exdirector de informática del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), confirmó que esa institución entregó una lista con nombres de varios líderes sindicales que pertenecían a sindicatos como Sindeagricultores, Fensuagro, Sintraelecol y Anthoc, entre otros, líderes que luego fueron asesinados por los paramilitares. El DAS también interceptó ilegalmente las comunicaciones de sindicalistas, entró a sedes sindicales y sustrajo información que utilizaba como material de inteligencia, hostigó sindicalistas a través de funcionarios que hacían parte de los esquemas de protección e incluso los utilizó para crear falsas pruebas en procesos judiciales.
Los grupos guerrilleros también hostigaron y asesinaron a sindicalistas con el propósito de imponer directrices o líneas políticas a las organizaciones sindicales.
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Desde el 2018 para acá es evidente un rebrote de la violencia en todas sus manifestaciones y contra todo tipo de mujeres y hombres imprescindibles. La paz entró en un estado de incertidumbre, Colombia está haciendo memoria en medio del conflicto. El día que dejemos de contabilizar sindicalistas asesinados y podamos escucharlos en vida, ese día nuestra democracia dejará de ser una fruta podrida.
*Este artículo fue publicado originalmente en la edición impresa #160 del periódico Periferia, también puedes leerlo .
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